Afectados por crematorio Plenitud exigen disculpa pública a gobernadora Maru Campos

Representantes de familias afectadas por el caso del crematorio Plenitud en Chihuahua se manifestaron este jueves para exigir que la gobernadora Maru Campos emita una disculpa pública por las irregularidades detectadas en la operación de dicho establecimiento. Los ciudadanos argumentaron que la supervisión estatal fue insuficiente, lo que permitió que las prácticas negligentes afectaran la integridad de los restos humanos bajo resguardo de la empresa durante un periodo prolongado.

Los voceros del grupo de afectados señalaron que el objetivo de esta petición es visibilizar la falta de protocolos de vigilancia sanitaria y administrativa por parte de las autoridades competentes. Según los manifestantes, la omisión en la revisión de permisos y condiciones de operación del recinto derivó en un daño moral profundo hacia las familias, quienes ahora buscan un reconocimiento oficial de la responsabilidad estatal para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en la entidad.

Por su parte, los representantes de los afectados indicaron que han buscado mesas de trabajo con la Secretaría de Salud estatal y la Fiscalía General del Estado para revisar el avance de las investigaciones ministeriales. Su postura central sostiene que, además de las sanciones penales contra los responsables directos, es necesario que la administración pública asuma una postura de reparación integral que comience con el reconocimiento público de las fallas en el sistema de inspección.

En respuesta a las demandas, fuentes de la administración estatal han sugerido que se mantienen abiertos los canales de diálogo institucional para atender los requerimientos de las víctimas. Se ha propuesto la posibilidad de instalar una mesa técnica permanente donde se analicen los expedientes de las denuncias presentadas y se definan los pasos a seguir para garantizar la transparencia en los procesos de clausura y sanción administrativa contra el establecimiento.

La exigencia de los ciudadanos se enmarca en una serie de movilizaciones que han ganado fuerza en semanas recientes, buscando que el Poder Ejecutivo estatal tome medidas correctivas en los reglamentos de servicios funerarios. Los afectados mantienen la expectativa de que el Gobierno del Estado formalice una postura oficial en los próximos días respecto a la solicitud de disculpa y el seguimiento puntual de las carpetas de investigación ante las autoridades judiciales.