Exintegrantes de la Policía Federal denuncian rezago en su integración laboral

Un grupo de expolicías federales y elementos de la Guardia Nacional ha manifestado su preocupación ante el estancamiento de los procesos de transición laboral hacia la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). A pesar de los compromisos previos sobre su reincorporación y regularización, los afectados reportan que las mesas de diálogo necesarias para concretar estos ingresos han sido postergadas de manera indefinida en los últimos meses.

Los inconformes sostienen que la falta de claridad en los criterios de contratación y la cancelación recurrente de las reuniones de seguimiento han generado un clima de incertidumbre jurídica. Según refieren, muchos de los elementos que buscaban integrarse a las nuevas estructuras administrativas de seguridad se encuentran actualmente en un limbo, sin certeza sobre su estatus laboral ni el respeto a su antigüedad acumulada en las instituciones de origen.

Por su parte, fuentes cercanas a la administración federal han señalado que el proceso de reestructuración responde a criterios de eficiencia operativa dentro de la estrategia nacional de seguridad. Si bien la autoridad ha propuesto la integración paulatina de perfiles capacitados, el equipo administrativo insiste en que los protocolos de evaluación deben cumplirse rigurosamente para garantizar la idoneidad de quienes se incorporen a las filas de la administración pública.

Ante este escenario, los trabajadores afectados han solicitado la intervención de las autoridades laborales para agilizar los procesos administrativos pendientes. Insisten en que la resolución de estos casos es fundamental para evitar la desprotección de quienes han formado parte de las fuerzas de seguridad pública, manteniendo la exigencia de que se instalen las mesas de trabajo con calendarios específicos y compromiso de resolución.

La situación refleja los retos operativos que enfrenta la transición de modelos institucionales en el sector de seguridad nacional. Mientras las autoridades mantienen que el proceso sigue en curso bajo los lineamientos vigentes, los elementos afectados continúan a la espera de una respuesta formal que les permita definir su futuro laboral dentro de la estructura de la administración pública federal.