Fiscalía de Michoacán solicita teléfonos de Carlos Manzo a presidenta municipal

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha solicitado formalmente a la presidenta municipal, Grecia Quiroz, la entrega de los teléfonos móviles que se encuentran bajo resguardo y que pertenecen a Carlos Manzo. Esta petición se enmarca dentro de una investigación ministerial en curso, con el objetivo de someter dichos aparatos a un análisis pericial detallado por parte de los expertos de la institución.

El requerimiento busca extraer información que pueda resultar relevante para el esclarecimiento de los hechos que actualmente ocupan a las autoridades estatales. Según fuentes cercanas al proceso, la entrega de estos dispositivos es considerada una diligencia clave dentro de la carpeta de investigación que mantiene abierta la Fiscalía, la cual busca integrar pruebas técnicas para determinar posibles responsabilidades.

La presidenta municipal, Grecia Quiroz, ha sido notificada oficialmente sobre esta diligencia judicial durante la jornada de este viernes. La administración municipal ha señalado que el proceso de colaboración institucional se llevará a cabo conforme a los protocolos legales establecidos, garantizando que el manejo de la información contenida en los aparatos respete los lineamientos del debido proceso.

Por su parte, la Fiscalía estatal ha enfatizado que este tipo de solicitudes son procedimientos estándar cuando se requiere información digital contenida en dispositivos electrónicos de interés para una indagatoria. El equipo técnico de la institución se encargará de realizar las extracciones de datos pertinentes, buscando asegurar la cadena de custodia de las evidencias obtenidas durante el procedimiento.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el avance específico de las investigaciones ni sobre la fecha exacta en la que se llevará a cabo la transferencia de los dispositivos. Las autoridades locales han mantenido una postura de cautela, reiterando su disposición para cooperar con las instancias estatales en todo lo que la ley exige para el desarrollo de la procuración de justicia en la entidad.