Jueza dicta prisión preventiva a exfuncionario de Semar por contrabando

Una jueza federal dictó este domingo prisión preventiva contra Fernando “N”, quien se desempeñó como funcionario en la Secretaría de Marina (Semar). El imputado es señalado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos en territorio nacional, un esquema que habría operado bajo distintas modalidades logísticas en zonas estratégicas del país.

La determinación judicial se dio tras la audiencia de vinculación a proceso realizada hoy, donde la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los elementos de prueba recabados durante la investigación. Según la carpeta judicial, el exfuncionario habría facilitado operaciones irregulares que permitieron la movilización de combustibles sin los permisos ni los protocolos fiscales requeridos por las autoridades energéticas.

El Ministerio Público Federal argumentó ante el juzgado que la medida de prisión preventiva es indispensable para garantizar el desarrollo del proceso penal y evitar cualquier riesgo de fuga. Por su parte, la defensa legal del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se defina formalmente su situación jurídica respecto a los cargos de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

Este caso forma parte de una serie de investigaciones que las autoridades federales han reforzado para combatir el robo y contrabando de combustibles, un fenómeno que impacta directamente en las finanzas de Pemex y en la seguridad pública. La FGR continúa con las indagatorias para desarticular la totalidad de la red involucrada, que presuntamente operaba con la complicidad de diversos actores estratégicos en los puertos y puntos de entrada de mercancías.

El detenido permanecerá recluido en el centro penitenciario designado mientras se desarrollan las etapas complementarias del juicio. Las autoridades judiciales han subrayado que el proceso se mantendrá bajo estricto apego a derecho, asegurando que las pruebas presentadas por la fiscalía serán valoradas minuciosamente para determinar la responsabilidad penal del implicado en este esquema de corrupción institucional.