La SCJN obliga a juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al determinar que todas las investigaciones relacionadas con la desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos deben realizarse bajo una estricta perspectiva de género e interseccionalidad. Con esta decisión, el máximo tribunal del país establece que juzgar estos casos con dicho enfoque no constituye una opción para las autoridades judiciales, sino una obligación procesal ineludible en el sistema de justicia mexicano.

La determinación responde a la necesidad de reconocer que las mujeres que ejercen labores de defensa enfrentan riesgos diferenciados debido a su rol social y a las estructuras de violencia patriarcal. La Corte enfatizó que los operadores de justicia deben considerar las condiciones específicas de vulnerabilidad que atraviesan estas víctimas, evitando minimizar los móviles del delito y asegurando que las líneas de investigación contemplen su actividad de defensa como un factor determinante.

Esta medida busca erradicar las omisiones institucionales que frecuentemente han dificultado la localización de las víctimas y la sanción de los responsables. Al integrar la interseccionalidad, los jueces están obligados a analizar cómo convergen distintos tipos de discriminación, como el origen étnico, la condición socioeconómica o la zona geográfica, en los hechos que derivaron en la desaparición.

Representantes de organismos especializados en derechos humanos señalaron que esta sentencia sienta un precedente fundamental para las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. El fallo subraya que, ante la ausencia de una perspectiva de género, se corre el riesgo de revictimizar a las personas desaparecidas y dejar en la impunidad agresiones que tienen un trasfondo político o social evidente.

Finalmente, el Poder Judicial de la Federación reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de los protocolos de actuación en casos de desaparición forzada y cometida por particulares. Se espera que, a partir de esta resolución, las autoridades competentes ajusten sus metodologías de investigación para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos exigidos en el contexto nacional actual.